El Gobierno adoptó la medida a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social luego de detectar reiteradas irregularidades administrativas y contables. El bar ya había sido clausurado el pasado 12 de junio en el marco del cierre del INAES. 

La intervención judicial se fundamenta en que la cooperativa persistió en actividades comerciales a pesar de haberle revocado la autorización para funcionar y no haber iniciado el proceso de disolución y liquidación correspondiente. Previamente, el organismo inició un extenso proceso administrativo en marzo de 2024, seguido por un sumario a partir de septiembre del mismo año en el cual la entidad tuvo oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

El Juzgado Nacional en lo Comercial Nº 22, Secretaría Nº 43, dictó la intervención judicial plena de la cooperativa, desplazando tanto a su Consejo de Administración como a la Sindicatura, y designando una figura de control judicial para su administración. 

Se comprobó que la cooperativa había recibido fondos públicos entre 2020 y 2023, pero incumplió con el deber de rendición de cuentas y de pagar las retribuciones a sus asociados mediante vías bancarizadas, como exige la normativa para entidades que reciben subsidios del Estado. Además, la escasa documentación presentada obstaculizó el control público y el análisis de la correcta utilización de esos fondos.

El cierre judicial del bar “Un café con Perón” se concretó el 12 de junio pasado, en línea con el conjunto de medidas oficiales destinadas al cierre definitivo del Instituto Juan Domingo Perón. La acción forma parte de un marco más amplio de desmantelamiento del instituto y auditoría de entidades vinculadas a su gestión previa.