Según Infobae, el Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso la incautación de propiedades y activos vinculados a la maniobra de administración fraudulenta en la obra pública. La medida alcanza a la ex presidenta, a Lázaro Báez y también a Máximo y Florencia Kirchner, al considerar que los bienes integran el beneficio económico del delito.

El Tribunal Oral Federal N.º 2 dispuso el decomiso más grande registrado en una causa de corrupción en Argentina, al ordenar la incautación de bienes y activos vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados por la maniobra de administración fraudulenta de la obra pública en Santa Cruz. La cifra total asciende a $684.990.350.139,86, monto actualizado por peritos oficiales tras quedar firme la sentencia dictada en junio de 2025. La medida también alcanza a Máximo y Florencia Kirchner en su carácter de titulares de parte del patrimonio involucrado.

La resolución judicial detalla que el decomiso recae sobre propiedades, terrenos, sociedades y sumas de dinero que, según el tribunal, constituyen el “provecho del delito” generado a partir de la adjudicación irregular de contratos a las empresas del grupo Báez entre 2003 y 2015. Entre los bienes alcanzados figuran activos pertenecientes a Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos., Loscalzo y Del Curto, así como inmuebles transferidos a los hijos de la ex presidenta. De no alcanzarse el monto fijado, el tribunal habilitó la ejecución de bienes adicionales vinculados a exfuncionarios condenados.

La decisión también rechaza los planteos de las defensas, que cuestionaron la existencia de un nexo causal entre los bienes y los delitos adjudicados. Para el tribunal, la sentencia firme acreditó que tanto Báez como la familia Kirchner obtuvieron beneficios económicos directos e indirectos derivados del circuito de corrupción. En esa línea, se adoptaron estándares de la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención Interamericana, que obligan al Estado a recuperar activos provenientes de maniobras ilícitas.

El fallo ordena ahora la tasación y posterior realización de los bienes, y dispone su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados. La Corte Suprema deberá intervenir para determinar el destino final de los inmuebles, priorizando la reparación del daño ocasionado al Estado. Además, la Fiscalía conservará la facultad de identificar nuevos activos susceptibles de decomiso, con el objetivo de completar la cifra fijada en esta resolución histórica.