Familiares y representantes legales lanzaron una grave denuncia contra la justicia en la causa de la secta rusa de Bariloche, acusando a los magistrados de inacción frente a los abusos.

El caso que envuelve a una organización con tintes esotéricos en la ciudad andina ha tomado un nuevo giro mediático y legal debido a la falta de avances en la investigación. Se conoció una grave denuncia contra la justicia en la causa de la secta rusa de Bariloche por parte de los querellantes, quienes lanzaron la frase: si no son victimas son complices. Los denunciantes sostienen que existen pruebas suficientes sobre la privación de la libertad y explotación laboral de varios integrantes del grupo, pero que los jueces han dilatado las medidas de allanamiento y detención de forma sospechosa. La organización, liderada por ciudadanos extranjeros, se encuentra asentada en una zona boscosa de difícil acceso, donde rigen normas estrictas y se impide el contacto con el exterior. La denuncia apunta a que algunos funcionarios judiciales podrían tener vínculos o simpatías con los líderes del culto, lo que explicaría la parálisis del expediente. Los testimonios de personas que lograron escapar del predio hablan de castigos físicos y psicológicos para quienes no cumplen con las órdenes de los superiores. Ante la presión social, el Ministerio de Justicia provincial ha solicitado una auditoría sobre el desempeño de los fiscales intervinientes en el caso. El hermetismo del grupo ha dificultado la recolección de pruebas directas dentro del establecimiento, pero los familiares aseguran que el peligro para los que permanecen allí es inminente. Esta situación ha generado un clima de desconfianza en la comunidad barilochense respecto a la transparencia de sus instituciones. La querella ha solicitado que la causa pase al fuero federal debido a la posible comisión de delitos como la trata de personas.