Según publicó Infobae, el máximo tribunal dejó firme la pena de cuatro años de prisión contra el exministro de Néstor y Cristina Kirchner por administración fraudulenta en la tragedia de Once. El Tribunal Oral Federal 4 deberá resolver si ordena su detención o le concede arresto domiciliario por su edad.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los recursos presentados por la defensa y por la fiscalía en el caso de Julio De Vido y confirmó la condena a cuatro años de prisión impuesta al ex ministro de Planificación Federal por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012. Con esta decisión, el fallo quedó firme y habilita al Tribunal Oral Federal N° 4 a definir si el ex funcionario será detenido.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon inadmisibles los planteos de las partes. De Vido había solicitado su absolución y la prescripción de la causa, mientras que la fiscalía reclamaba un aumento de la pena. La resolución de la Corte consolidó la condena por administración fraudulenta, delito por el cual se lo consideró responsable de no haber controlado el destino de los fondos públicos destinados al sistema ferroviario.

La tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, dejó un saldo de 52 muertos y 789 heridos, tras el choque de una formación del tren Sarmiento en la estación terminal. El caso derivó en varias causas judiciales y dos juicios orales. En el segundo, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a De Vido en 2018 al comprobar que incumplió sus deberes como funcionario al no supervisar el uso de los recursos asignados a la empresa concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Hasta el momento, Julio De Vido no había sido privado de su libertad en esta causa. Ahora, el Tribunal Oral Federal N° 4 deberá decidir si ordena su encarcelamiento o si le concede arresto domiciliario, debido a que el ex ministro tiene 75 años. La resolución de la Corte representa el cierre de una etapa judicial que marcó un precedente en la responsabilidad penal de ex funcionarios por la gestión de los servicios públicos.