La medida de fuerza convocada por CTERA generó un panorama heterogéneo en las escuelas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Mientras algunas instituciones educativas mantuvieron sus puertas abiertas con normalidad, en otras el paro fue seguido de manera más contundente, reflejando una adhesión dispar a la medida de protesta.

Las autoridades educativas provinciales impartieron instrucciones a los inspectores para no facilitar información al personal de inspección nacional que realiza verificaciones en los establecimientos. Esta directiva buscaba obstaculizar el relevamiento de datos que el Gobierno nacional lleva adelante para controlar el cumplimiento de una presencia mínima del personal.

El Gobierno nacional ha implementado un sistema de inspecciones con el objetivo de garantizar que se mantenga una asistencia del 75% del personal educativo. Esta métrica busca asegurar que los servicios escolares funcionen con una capacidad operativa aceptable, incluso durante las medidas de fuerza convocadas por los sindicatos docentes.

La estrategia de las autoridades provinciales de restringir la información a los inspectores nacionales generó tensiones entre los distintos niveles de gobierno, evidenciando diferencias en la forma de abordar la conflictividad laboral en el sector educativo.

En la Ciudad de Buenos Aires, el acatamiento fue más variable, con establecimientos que funcionaron con normalidad y otros donde la medida tuvo mayor repercusión. Esta diversidad de respuestas refleja la complejidad de coordinar medidas de fuerza en un sistema educativo descentralizado, donde intervienen múltiples actores y jurisdicciones.

La medida convocada por CTERA continúa siendo un punto de tensión entre el sector docente, las autoridades educativas locales y el Gobierno nacional, en un contexto de negociaciones laborales y presupuestarias en el sector.

Imagen: Lobiya / Pexels – Con informacion de Clarín