Un fondo creado específicamente para contener inundaciones está siendo utilizado para financiar las arcas del Tesoro nacional, cuando debería destinarse a su propósito original: las obras de infraestructura contra desastres hídricos.

Según se desprende del análisis de la ejecución presupuestaria, los recursos existen y están disponibles. Sin embargo, la decisión política de aplicarlos en aquello que la ley establece simplemente no se concreta. Se trata de un desvío que evidencia una desconexión entre la normativa vigente y su implementación real en terreno.

La situación refleja una práctica que combina dos realidades incómodas: por un lado, la presentación de cifras que maquillan la situación fiscal; por el otro, la parálisis en la realización de obras que las provincias y productores reclaman para protegerse de inundaciones recurrentes.

El fondo en cuestión fue constituido justamente para enfrentar esta problemática estructural que afecta a las regiones agrícolas y ganaderas del país. Pero mientras el dinero se canaliza hacia otros destinos presupuestarios, las obras siguen sin ejecutarse y el riesgo de catástrofes hídricas persiste.

Lo paradójico es que no se trata de una falta de recursos. El análisis muestra que la plata existe en las cuentas. Lo que falta es la voluntad política de cumplir con lo que establece el marco normativo: invertir en las defensas contra inundaciones que tanto necesita el territorio.

Este esquema permite al gobierno presentar números que mejoran ciertos indicadores fiscales, mientras posterga indefinidamente las soluciones que requieren inversión en infraestructura. Mientras tanto, productores y comunidades siguen expuestos a los riesgos de inundaciones periódicas, sin que avancen las obras de contención que podrían mitigarlos.

Imagen: 2H Media / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural