El proyecto enviado al Congreso prevé multas de hasta 500.000 barriles de petróleo y penas de hasta 20 años de prisión. Además, crea un nuevo Sistema de Seguridad Nacional para reforzar la defensa de la soberanía argentina.

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que establece nuevas herramientas para proteger los recursos argentinos y endurece las sanciones contra quienes desarrollen actividades económicas no autorizadas en las Islas Malvinas y otros espacios alcanzados por el reclamo argentino.

Uno de los principales cambios está vinculado directamente con Malvinas y el Atlántico Sur. El proyecto amplía el régimen vigente para alcanzar la explotación no autorizada de recursos naturales renovables y no renovables, incluyendo actividades vinculadas con la pesca y los hidrocarburos.

Para quienes incumplan la normativa se contemplan multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de inhabilitaciones. La iniciativa también incorpora sanciones penales que, dependiendo de la conducta, pueden alcanzar los 20 años de prisión.

La reforma va más allá de Malvinas. El texto propone crear un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente de la Nación, que tendrá como objetivo coordinar las políticas de defensa, relaciones exteriores, economía e inteligencia bajo una estrategia común.

También establece nuevos mecanismos de protección aeroespacial y marítima, con procedimientos graduales frente a aeronaves y embarcaciones consideradas hostiles. En el caso aéreo, el uso de la fuerza aparece como último recurso y requiere una orden presidencial expresa, aunque esa facultad podrá ser delegada en el ministro de Defensa.

La iniciativa incorpora además un régimen destinado a proteger infraestructura crítica y redefine el alcance de la Defensa Nacional frente a amenazas externas contemporáneas.

Para Tierra del Fuego, el proyecto tiene especial relevancia por el lugar que ocupan Malvinas, el Atlántico Sur y sus recursos naturales dentro de la iniciativa. El texto deberá ahora ser debatido y aprobado por el Congreso antes de convertirse en ley.