La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional propone reunir al presidente y las principales áreas del Gobierno para coordinar una estrategia común. La iniciativa contrasta con la agenda de capacitaciones y revisión de símbolos militares con perspectiva de género impulsada durante la gestión anterior.

El Gobierno de Javier Milei impulsa la creación de un Consejo de Seguridad Nacional como parte del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. El organismo estaría encabezado por el Presidente y reuniría a las principales áreas del Ejecutivo para abordar de manera conjunta la protección de los intereses argentinos.

La propuesta permite contrastar dos enfoques presentes en la agenda de Defensa. Durante la gestión de Alberto Fernández, el Plan Integral de Políticas de Género 2021-2023 contemplaba capacitaciones permanentes, incorporación de contenidos de género en la formación militar y revisión de la simbología institucional de las Fuerzas Armadas.

El programa también buscaba reforzar el rol asesor del Consejo de Políticas de Género y desarrollar un sistema de indicadores para evaluar la situación del personal. Entre sus objetivos figuraban la prevención de la violencia y el acompañamiento de las mujeres en la carrera militar.

La iniciativa actual propone un órgano con responsabilidades sobre la seguridad nacional, la infraestructura crítica y la soberanía. Lo integrarían el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, y los titulares de Inteligencia y Legal y Técnica. El proyecto también contempla endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina.

La participación de esas áreas en una misma instancia permitiría vincular las decisiones diplomáticas, económicas y militares. En el caso de Malvinas, esa coordinación podría contribuir a que las gestiones internacionales y las medidas de protección de los recursos respondan a objetivos comunes.

Aunque ambos consejos tienen funciones diferentes y la propuesta no supone por sí misma reemplazar uno por otro, el contraste ilustra el enfoque que el Gobierno busca imprimir a su nueva iniciativa: organizar desde la Presidencia una estrategia integral de defensa de la soberanía. Su creación y sus atribuciones quedarán sujetas al tratamiento del proyecto en el Congreso.